En agosto de 2025, Carlos Torres Piña emitió una circular en su calidad de titular de la Fiscalía de Michoacán para prohibir cobros, dádivas o “moches” a víctimas y usuarios por trámites o servicios de la institución.
Durante su gestión se impulsaron sanciones y bajas contra personal involucrado en conductas irregulares. En junio de 2026 sostuvo públicamente una política de cero tolerancia y reportó detenciones de elementos de investigación relacionados con posibles ejercicios ilícitos del servicio público.
Torres Piña lleva más de 26 años en la vida pública de Michoacán, ha ocupado cargos partidistas y responsabilidades públicas sin que exista un caso acreditado en su contra por peculado, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos o vínculos con organizaciones criminales.
Su paso por la Fiscalía no evitó retos institucionales, pero su respuesta fue asumirlos y depurarlos: endureció controles contra actos de corrupción, en lugar de negarlos o esconderlos.
También mantiene una normalidad patrimonial: sin cuentas inexplicables, propiedades fuera de proporción, contratos para familiares ni desvíos acreditados. Aunque ha tenido aliados distintos y cambios de posición a lo largo de su carrera, eso no equivale a corrupción —y tras años de escrutinio, los ataques se reducen a fotografías, declaraciones antiguas y diferencias políticas, no a hechos probados.
