El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha solicitado al Instituto Nacional de Migración (INM) la implementación de una estrategia integral de acción e inteligencia para frenar la participación de extranjeros vinculados con la delincuencia organizada en Michoacán. Esta petición se dio a conocer durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde destacó la coordinación entre los gobiernos federal y estatal para combatir este fenómeno.
En lo que va del año, se han detenido 55 personas extranjeras en Michoacán, principalmente de nacionalidades venezolana y colombiana, involucradas en actividades ilícitas como portación de armas, posesión de drogas y vínculos con células delictivas. Además, se reportan detenciones de ciudadanos de Estados Unidos, Honduras, Panamá, Perú, Guatemala y Argentina, lo que refleja la diversidad de nacionalidades implicadas en estos delitos[1][2][6][8].
Para fortalecer la seguridad, Ramírez Bedolla enfatizó la necesidad de reforzar la vigilancia en aeropuertos y terminales de autobuses, con el fin de conocer la situación migratoria de quienes ingresan al país y así inhibir conductas delictivas. Este enfoque busca complementar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha mostrado resultados positivos en la reducción de la incidencia delictiva en la entidad[1].
La coordinación entre instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, y las fuerzas estatales, incluyendo la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, ha sido clave para estos avances. El gobernador reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este esquema de seguridad federal, que ha permitido llevar ante la justicia a quienes atentan contra el bienestar de la población michoacana[1].
