En un acto cargado de emotividad y compromiso social, el diputado Hugo Rangel presentó ante el Congreso de Michoacán la llamada Ley Óliver, una iniciativa legislativa que busca transformar la manera en que el Estado enfrenta la violencia letal entre jóvenes con vínculos de confianza, como amistades o parejas. Esta propuesta nace del trágico caso de Óliver Valle Cuadra, un joven michoacano asesinado en 2022 por alguien cercano, cuyo recuerdo se convierte ahora en motor para la prevención y la justicia[1].
¿Qué propone la Ley Óliver?
La iniciativa plantea una reforma a la Ley de los Jóvenes del Estado, incorporando un nuevo capítulo que obliga al Instituto de la Juventud Michoacana a implementar acciones concretas para:
- Educación emocional y promoción de la resolución pacífica de conflictos en espacios donde interactúan los jóvenes, como escuelas y comunidades.
- Detección temprana de señales de riesgo mediante programas obligatorios en instituciones educativas de nivel medio superior.
- Creación del Protocolo Estatal de Alerta por Riesgo entre Pares (PERREP), que se activará ante antecedentes de violencia o amenazas entre personas con vínculos cercanos.
- Establecimiento de un Banco Estatal de Casos de Violencia Letal entre Jóvenes, para analizar patrones y orientar políticas públicas focalizadas.
- Formación de comités de atención psicológica y jurídica con facultades para reportar riesgos a las autoridades competentes[1].
Un llamado a la acción institucional y social
El diputado Rangel enfatizó que la violencia entre jóvenes muchas veces ocurre en espacios de confianza, lo que hace urgente una respuesta integral que no se limite al ámbito penal. “La verdadera justicia no solo se persigue en los tribunales
