La reforma constitucional en materia ambiental obligará a registrar y verificar la situación ambiental de los predios, con lo que se busca cortar el mercado ilegal y la especulación en terrenos agropecuarios en Michoacán, afirmó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), Alejandro Méndez López.
Contexto y alcance de la reforma
- La enmienda eleva normas ambientales al ámbito constitucional del estado, estableciendo la obligación de acreditación ambiental en transmisiones de dominio de bienes inmuebles rústicos y agropecuarios.
- Como medida práctica, los notarios deberán revisar en el certificado de libertad de gravamen si un predio tiene una denuncia ambiental activa antes de autorizar la compraventa.
- El Guardián Forestal, ahora con carácter constitucional, se integrará al Registro Público de la Propiedad para emitir una opinión ambiental certificada vinculada a cada predio.
¿Qué problema intenta resolver esta norma?
- La reforma pretende frenar la práctica de compra masiva de terrenos rurales para deforestarlos (por ejemplo, para plantar aguacate) y luego venderlos a precios inflados, una cadena que mezcla delito ambiental y ganancia económica ilícita.
- Las hectáreas detectadas como deforestadas a través de denuncias o del Guardián Forestal no podrán comercializar sus frutos para exportación, lo que añade una sanción económica y regulatoria sobre la ilegalidad conocida.
Cómo funcionará en la práctica (paso a paso)
- Denuncia o detección: Guardián Forestal registra puntos rojos por deforestación o daños ambientales.
- Registro: La situación ambiental del predio se enlaza al Registro Público de la Propiedad.
- Verificación notarial: Al tramitar la transmisión de dominio, el notario revisa el certificado de libertad de gravamen e identifica denuncias ambientales activas.
- Decisión del comprador: El comprador es advertido de la carga ambiental del predio y puede optar por no adquirirlo, evitando transacciones simuladas o riesgos legales futuros.
Impactos esperados
- Seguridad jurídica: Mayor transparencia en las transacciones de tierras agropecuarias al incorporar la opinión ambiental certificada en el flujo registral.
- Disuasión de mafias inmobiliarias: Al eliminar la incertidumbre sobre la condición ambiental del predio, se debilita el negocio de la compra-venta ligada a la deforestación.
- Protección de recursos naturales: Consolida la obligación estatal de prevenir, investigar, sancionar y remediar daños ambientales.
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