Los primeros pasos ya están dados. Esta mañana, el Gobierno del Estado de Michoacán recibió las notificaciones de los dos primeros ayuntamientos que aprobaron en Cabildo la ley de “No más Deuda para Michoacán”, marcando el inicio de una transformación administrativa sin precedentes en la entidad. Los municipios de Ario y Yurécuaro se convirtieron en los pioneros de esta reforma que busca cerrar la puerta a décadas de endeudamiento descontrolado.
Según informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, la administración estatal mantiene comunicación permanente con los presidentes municipales para cumplir con los requisitos legales establecidos. “Ya tenemos las notificaciones de los dos primeros ayuntamientos que sesionaron en Cabildo para cumplir con lo que la ley establece y proceder a su próxima publicación en el Periódico Oficial del Estado”, expresó el funcionario.
El cambio de cultura que Michoacán necesitaba 🔄
Esta nueva legislación no es simplemente un documento más en los archivos gubernamentales. Representa un cambio de cultura en el servicio público fundamentado en tres pilares esenciales:
- Eficiencia del gasto — Optimizar cada peso invertido en beneficio de la población
- Mejor planeación — Diseñar estrategias financieras sostenibles y responsables
- Rendición de cuentas constante — Transparencia total en la administración de recursos públicos
La urgencia de esta reforma cobra sentido cuando se observan los números. Desde 2003, los adeudos en Michoacán registraron un incremento crítico del 22 mil por ciento, una cifra que ilustra la magnitud del problema heredado por administraciones anteriores. Como señaló Zepeda Villaseñor: “Verificamos la información y desde el 2003 es cuando se da un incremento exponencial de la deuda pública”.
Un problema de tres décadas que requería solución inmediata 📊
La deuda pública de Michoacán no surgió de la noche a la mañana. Entre 1993 y 2021, creció de forma sostenida hasta alcanzar los 22 mil millones de pesos, comprometiendo los ingresos futuros y reduciendo drásticamente la capacidad de inversión en obras y servicios públicos. En los últimos tres años, la administración estatal ha tenido que destinar aproximadamente 20 mil millones de pesos exclusivamente al pago de créditos contratados en el pasado.
