El Congreso del Estado dio un paso relevante en la lucha contra las adicciones al aprobar reformas a la Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes ante una problemática que, como se ha dicho tantas veces, no da tregua y no espera a nadie.
En sesión extraordinaria, el Pleno legislativo avaló el dictamen presentado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, derivado de la iniciativa impulsada por la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez, mediante la cual se modifican los artículos 5 y 6 de la legislación estatal. La medida busca establecer un marco más sólido para la prevención, atención y rehabilitación de menores de edad que enfrentan consumo de sustancias adictivas.
Protección de derechos humanos y debido proceso en casos de adicciones
Con la adecuación jurídica aprobada, las autoridades estatales y municipales, así como los particulares involucrados en acciones contra las adicciones, deberán garantizar en todo momento:
- La protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
- El debido proceso en cualquier intervención que les afecte.
- Atención con enfoque integral, especialmente cuando exista tratamiento o rehabilitación.
Este punto resulta clave, porque coloca en el centro una premisa básica: la niñez no puede ser tratada como un expediente más, sino como una etapa de vida que exige cuidado, sensibilidad y respuestas institucionales oportunas. 👧🧒
Apoyo gratuito para menores con adicción en Michoacán
Uno de los cambios más relevantes de la reforma establece que, cuando niñas, niños o adolescentes padezcan una adicción, las autoridades estarán obligadas a brindarles apoyo gratuito para salvaguardar su integridad física y emocional.
Ese apoyo deberá otorgarse previa solicitud de la persona interesada y de su padre, madre o representante legal, e incluirá:
- Atención primaria e integral.
- Acompañamiento psicosocial.
- Medidas para proteger su salud física y mental.
- Canalización a programas institucionales disponibles.
La intención es clara: evitar que la atención dependa de la capacidad económica de las familias, un factor que en muchos casos termina ampliando la brecha entre prevención y abandono.
Educación y rehabilitación: un puente para no abandonar la escuela
El decreto también incorpora una disposición de gran alcance social. El Estado deberá garantizar acciones orientadas a favorecer la permanencia, continuidad y conclusión escolar de quienes se encuentren en tratamiento o rehabilitación.
Para ello, se prevé:
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