La diputada local Brissa Arroyo respalda firmemente las reformas constitucionales aprobadas para combatir la extorsión, destacando el compromiso del Congreso de Michoacán en acompañar las iniciativas federales que buscan proteger a la ciudadanía y fortalecer la seguridad pública.
En el marco de la 76 Legislatura, Arroyo, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, celebró la reciente aprobación de la reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, una iniciativa impulsada desde el gobierno federal para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el delito de extorsión en todo el país. Esta reforma establece un marco jurídico homogéneo que fortalece la colaboración entre los tres niveles de gobierno y promueve el uso de tecnología y sistemas de inteligencia para enfrentar este flagelo.
Impacto social y económico de la extorsión en México
La extorsión es un delito que afecta profundamente la economía familiar, la certeza jurídica sobre bienes y la estabilidad social. Según datos recientes, en enero de 2025 se registró un promedio diario de casi 30 extorsiones, con un aumento del 57% en seis años, lo que evidencia la urgencia de contar con mecanismos legales efectivos y coordinados para su combate.
Principales beneficios de la reforma constitucional contra la extorsión
- Unificación de criterios legales: Homologa penalidades y criterios de investigación en todo el país, evitando vacíos legales que permiten la impunidad.
- Coordinación interinstitucional: Fortalece la colaboración entre la Federación, estados y municipios para prevenir y sancionar el delito.
- Protección integral a víctimas: Establece mecanismos específicos para la atención y protección de quienes sufren extorsión.
- Uso de tecnología: Promueve la implementación de sistemas de inteligencia y tecnología para mejorar la eficacia en la persecución del delito.
