En el marco de la conmemoración de marzo, la diputada Nalleli Pedraza Huerta reafirma su compromiso legislativo con las mujeres michoacanas, impulsando iniciativas que trascienden lo simbólico para convertirse en transformaciones estructurales reales.
Igualdad sustantiva: más allá de las palabras
La legisladora subraya que la celebración del Mes de la Mujer no es simplemente una fecha en el calendario, sino un llamado permanente a desmantelar las barreras históricas que han obstaculizado el desarrollo integral de las mujeres en espacios políticos, sociales, económicos y laborales. “Las mujeres seguimos abriendo camino en la vida pública y profesional. Cada espacio conquistado es resultado de luchas colectivas, de la sororidad y de la convicción de que la igualdad no puede esperar”, expresó Pedraza Huerta.
Esta postura refleja una visión que va más allá del reconocimiento: busca materializar derechos mediante reformas concretas. Desde el Congreso del Estado, la diputada ha presentado iniciativas ambiciosas orientadas a garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres, estableciendo cuatro pilares fundamentales:
- Igualdad Sustantiva: Elevación a rango constitucional del deber estatal para eliminar obstáculos que impiden que las mujeres gocen plenamente de sus derechos, con protección reforzada para niñas, adolescentes y mujeres.
- Dignidad Económica: Prohibición explícita de la brecha salarial.
- Justicia con Perspectiva de Género: Garantizando paridad en la Fiscalía General y unidades especializadas contra feminicidio y violencia sexual.
- Ayuntamientos y Pluralidad: Implementación de paridad en todos los niveles de mando municipal, respetando los derechos de las mujeres en pueblos indígenas.
Combate a la violencia de género: persecución de oficio
Una de las iniciativas más destacadas presentadas por Pedraza Huerta busca reformar la tipificación de hostigamiento y acoso sexual, permitiendo la persecución de oficio en estos delitos. La legisladora ha señalado que la estructura actual se ha convertido en “un escudo para el agresor y un grave desgaste para la víctima”, perpetuando la impunidad y revictimización.
Esta propuesta representa un cambio paradigmático: desplaza la carga de la prueba y la denuncia del sistema actual, donde las víctimas deben impulsar los procesos, hacia un modelo donde el Estado asuma la responsabilidad de la persecución de estos delitos.
