El Congreso de Michoacán consolidó en la Constitución el derecho a un medio ambiente sano y el bienestar animal, al aprobar reformas que asignan responsabilidades claras a los distintos órdenes de gobierno y a la ciudadanía, además de establecer plazos para adecuaciones legales y administrativas.
Contexto y alcance de la reforma
- La 76 Legislatura aprobó la modificación de artículos constitucionales para garantizar que toda persona tenga “derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible”, requisito considerado esencial para el desarrollo y bienestar de la población.
- El nuevo texto obliga al Estado, Municipios y Gobiernos Comunales a garantizar ese derecho mediante la justicia ambiental, el manejo sustentable de recursos, la preservación y restauración de ecosistemas y la prevención, control y remediación de la contaminación del suelo, agua, aire y demás ecosistemas.
Qué cambia en la práctica
- Responsabilidades compartidas: se precisa que autoridades en los tres niveles promoverán y ejecutarán políticas públicas orientadas a la protección ambiental y al aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.
- Participación ciudadana: las personas tienen derecho a participar plena, efectiva y oportunamente en la protección del medio ambiente, y a la vez el deber de contribuir a su cuidado.
- Tecnología y gestión ambiental: la legislación mandata el uso de tecnologías como geoprocesamiento y análisis de datos espaciales para prevenir, investigar, sancionar y reparar daños ambientales, así como para dar seguimiento a las acciones.
- Sustentabilidad en obra pública y privada: los ayuntamientos y los gobiernos comunales deberán promover que toda obra, proyecto o actividad incorpore criterios de sustentabilidad y prácticas de protección ambiental.
Protección y bienestar animal como principio constitucional
La crueldad y el maltrato animal quedan expresamente prohibidos, y las autoridades deben garantizar el trato digno, la protección y la conservación de la vida e integridad de animales domésticos y silvestres, conforme a la ley aplicable.
Impulsos a la planeación económica verde
El desarrollo económico y las políticas públicas estatales deberán orientarse bajo criterios de sustentabilidad, planeación económica, protección ambiental y uso racional y responsable de los recursos naturales, integrando así la dimensión ecológica en la toma de decisiones públicas.
Mandatos y plazos para adecuaciones normativas
- El Congreso del Estado contará con un plazo improrrogable de 180 días hábiles desde la entrada en vigor del decreto para realizar las adecuaciones normativas necesarias.
- Los Ayuntamientos y el Poder Ejecutivo estatal deberán, en el mismo plazo, efectuar las adecuaciones normativas, orgánicas y administrativas.
