En un contexto de creciente tensión política y económica, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha tomado una postura firme en defensa de las remesas que envían los migrantes desde Estados Unidos. Esta posición se da ante la propuesta de congresistas republicanos estadounidenses de aplicar un impuesto del 5% a estas transferencias, lo que ha generado un amplio rechazo tanto en México como en otros países afectados.
Contexto y Propuesta
La propuesta de impuesto a las remesas forma parte de un paquete legislativo más amplio relacionado con políticas migratorias y seguridad fronteriza. Este gravamen afectaría principalmente a personas sin ciudadanía estadounidense, incluyendo titulares de visas temporales de trabajo, residentes permanentes legales y personas en situación migratoria irregular[8]. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos de esta medida[4].
Impacto Económico y Social
Las remesas son una fuente vital de ingresos para muchas familias en México y otros países. En Michoacán, por ejemplo, se reciben alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, lo que equivale a 100 mil millones de pesos, un monto similar al presupuesto estatal[10]. Estas transferencias no solo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las comunidades receptoras, sino que también juegan un papel crucial en la reducción de la pobreza, ya que constituyen más del 20% del ingreso familiar[1].
Posición de las Autoridades Mexicanas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha expresado su firme oposición a esta medida, calificándola de injusta e ilegal. Además, ha destacado que México está trabajando en conjunto con otras naciones afectadas para presentar argumentos contra el impuesto ante el Congreso estadounidense[6]. El gobernador Ramírez Bedolla ha reiterado que las remesas son el fruto del trabajo de los michoacanos que mantienen la economía de Estados
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