En un hito para la estabilidad financiera de Michoacán, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura celebró la aprobación de la iniciativa “No más deuda”, promovida por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Esta reforma constitucional prohíbe contratar deuda pública a largo plazo que supere el periodo de gobierno, evitando heredar cargas a futuras generaciones y priorizando recursos para obras y desarrollo social.[1][2]
La diputada Brissa Arroyo, coordinadora del GPPRD, junto a sus compañeros Octavio Ocampo Córdova y Conrado Paz Torres, votaron a favor en el acto protocolario realizado en Palacio de Gobierno. “Hoy se marca un precedente con candados institucionales que blindan las finanzas públicas”, enfatizó Arroyo, recordando cómo la deuda estatal escaló a 22 mil millones de pesos por prácticas recurrentes en administraciones pasadas.[1][4]
#### Impacto histórico de la Ley Antideuda en Michoacán ⚖️🔒
Como bien dice el refrán, “a mal tiempo, buena cara”, pero en este caso, Michoacán opta por prevención: la nueva ley rompe con tres décadas de endeudamiento que generaron una “inercia financiera” insostenible. Según el gobernador Ramírez Bedolla, gobiernos previos (1993-2021) dejaron una deuda que absorbió miles de millones en intereses, en lugar de invertirse en infraestructura o programas sociales.[1][2][5]
– Prohibiciones clave:
– Deuda bancaria debe pagarse dentro del sexenio en curso. ✅
– Fin a préstamos de largo plazo (hasta 30 años) que hipotecaban el futuro. 🚫
– Eliminación de la “licuadora” de recursos, que diluía fondos sin control.[2][6]
En los últimos tres años, el estado pagó 20 mil millones de pesos de deuda heredada sin descuidar compromisos, logrando una inversión pública per cápita de 8 mil 400 pesos, superior a la deuda per cápita de 4 mil 300 pesos. Ejemplos concretos incluyen teleféricos en Morelia y Uruapan, puentes viales y un mercado en Pátzcuaro, todo sin nuevos créditos.[4][5][6]
