En el Congreso de Michoacán, la diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando existe abandono parental. Esta propuesta llega en un momento crucial para miles de madres jefas de familia que enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales en la vida de sus hijos.
## Una realidad que golpea a millones de madres mexicanas
Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el esfuerzo de las madres jefas de familia, describiéndolas como “uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana”. Los números son contundentes: en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, y una gran parte de ellas enfrenta la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre. Aún más preocupante es que más de 410 mil hombres en la entidad son deudores alimentarios, habiendo abandonado sus responsabilidades parentales.
A nivel nacional, la situación es aún más crítica. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen más de 11 millones de madres solteras en el país que asumen la totalidad de las cargas económicas, emocionales y formativas de sus hijos sin apoyo alguno. Como dice el refrán popular: “quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”.
## El obstáculo legal que paraliza vidas
La paradoja legal actual es tan absurda como injusta. Muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, debido a que la ley exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.
Las estadísticas revelan que tres de cada cuatro padres divorciados incumplen con sus obligaciones familiares de proporcionar pensión alimenticia y/o de convivencia con sus hijos. A pesar de este incumplimiento flagrante, estos mismos padres mantienen una “omnipotencia” legal para detener trámites esenciales como viajes o pasaportes.
Hay casos de niñas que tienen una beca importante, un viaje escolar que cambiaría sus vidas o un sueño deportivo que lograron alcanzar, pero no pueden materializarlo porque
