Michoacán aprueba reforma electoral para fortalecer la democracia local
Morelia, Michoacán — El Congreso del Estado aprobó este miércoles una profunda reforma al Código Electoral de Michoacán, con el objetivo claro de modernizar, armonizar y garantizar un sistema democrático más inclusivo, transparente y justo. Nuestro equipo de reporteros estuvo presente en el recinto legislativo durante la sesión plenaria donde diputadas y diputados votaron de forma mayoritaria el dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.
Una reforma construida desde la diversidad
Veinticuatro iniciativas presentadas por legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios confluyeron en un solo texto: María Itzé Camacho Zapiain, Eréndira Isauro Hernández, Diana Mariel Espinoza Mercado, Fabiola Alanís Sámano, Sandra María Arreola Ruiz, Xóchitl Gabriela Ruiz González, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Juan Carlos Barragán Vélez, Marco Polo Aguirre Chávez, Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, Octavio Ocampo Córdova, Guillermo Valencia Reyes, Conrado Paz Torres, José Antonio Salas Valencia, Abraham Espinoza Villa, David Martínez Gowman, Juan Antonio Magaña de la Mora, Alfredo Anaya Orozco y Hugo Ernesto Rangel Vargas impulsaron cambios que ya son ley.
Más protección, más participación
La nueva normativa incorpora mecanismos concretos para proteger los derechos político-electorales de mujeres, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas y migrantes. En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se fortalece la capacidad de las autoridades electorales para prevenir, atender, investigar y sancionar conductas que limitan su participación. Además, se prohíbe expresamente la postulación de personas registradas como deudores alimentarios, vinculando responsabilidad familiar con idoneidad para ejercer cargos de representación popular.
Certeza, transparencia y rendición de cuentas
El decreto define atribuciones claras para el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado, evita duplicidades con instancias federales y consolida sistemas de coordinación y seguimiento efectivos. Los principios de legalidad, certeza, máxima publicidad, imparcialidad, objetividad y tutela judicial efectiva ya no son solo declaraciones: ahora tienen soporte normativo operativo. Esta reforma no es un ajuste técnico: es una decisión política para construir una democracia que funcione para todas y todos, sin excepciones ni exclusiones.
