Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2025. La renuncia del fiscal general Adrián López Solís, anunciada con efecto a partir del 20 de agosto, ha puesto en el centro del debate político y social la necesidad de un proceso claro y transparente para elegir a su sucesor en la Fiscalía General del Estado (FGE)[2][3][8].
Contexto y relevancia de la renuncia
Adrián López Solís, quien fue designado en 2019 para un periodo de nueve años, decidió anticipar su salida tras seis años y medio al frente de la Fiscalía. En su mensaje, reconoció la creciente demanda social por “más y mejores resultados” en la procuración de justicia y la necesidad de “reimpulsar los procesos de crecimiento y mejoramiento de las capacidades institucionales” para enfrentar la inseguridad que persiste en Michoacán[2][6][8].
Su renuncia ha generado diversas reacciones, desde la sorpresa hasta la preocupación por el momento crítico que vive la entidad en materia de seguridad. Algunos actores políticos han señalado que la decisión podría tener motivaciones políticas, mientras que otros enfatizan la urgencia de una transición responsable y profesional[3].
Proceso legal para la designación del nuevo Fiscal General
El Congreso del Estado de Michoacán tiene la responsabilidad constitucional de iniciar el proceso para elegir al nuevo titular de la Fiscalía. Según la Ley Orgánica de la FGE y la Constitución local, el procedimiento contempla:
- Publicación de convocatoria para recibir postulaciones de aspirantes.
- Selección de una lista de 10 candidatos que cumplan con los requisitos legales.
- Envío de la lista al Ejecutivo estatal, quien tendrá 10 días para conformar una terna.
- Elección del nuevo fiscal por mayoría calificada (dos terceras partes) en el pleno del Congreso[1][7].
En caso de que el gobernado
