Morelia, Michoacán, 26 de junio de 2025. En un paso decisivo para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, el Congreso de Michoacán está a punto de aprobar una reforma que tipifica como delito grave el robo o uso indebido de las pensiones del Bienestar destinadas a personas adultas mayores y con discapacidad. Esta iniciativa, impulsada por el diputado Hugo Rangel Vargas, del Partido del Trabajo, junto con la diputada Anabet Franco Carrizales, de Morena, busca castigar con severidad a quienes abusen de la confianza para apropiarse de estos recursos esenciales[1][2][3].
Cambios legales que fortalecen la protección a los adultos mayores
La reforma propone modificar el artículo 215 del Código Penal estatal para establecer penas de 6 a 11 años de prisión, multas de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), además de la obligación de reparar el daño causado a las víctimas. El delito se configura cuando alguien, aprovechándose de una relación de confianza, disponga sin consentimiento del dinero que corresponde a personas mayores o con discapacidad[1][3].
Además, se plantea adicionar un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos brinden acompañamiento jurídico y asistencia legal a las víctimas de este tipo de violencia económica. Esta medida busca que la protección no solo sea punitiva, sino también preventiva y de apoyo directo a quienes sufren este maltrato[1][3].
Historias que reflejan una realidad dolorosa
Durante sus recorridos por Michoacán, el diputado Rangel Vargas ha escuchado testimonios desgarradores que ilustran la urgencia de esta reforma. Un caso emblemático es el de una señora en la Meseta Purépecha, a quien su propi
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