El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha dado un paso decisivo al respaldar públicamente la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para reducir el presupuesto de los congresos locales. Esta medida llega en un momento crítico, cuando se ha evidenciado que cada legislador michoacano recibe más de 30 millones de pesos anuales, una cifra que ha generado indignación en la sociedad civil y entre los funcionarios comprometidos con la austeridad republicana.
El tercer congreso más caro del país bajo la lupa
Michoacán ocupa una posición incómoda en el ranking nacional: el tercer lugar con mayor presupuesto destinado a sus congresos locales, solo superado por Baja California y Morelos. Esta realidad contrasta fuertemente con las necesidades apremiantes de la población, donde la infraestructura, la salud y la seguridad reclaman recursos que permanecen atrapados en estructuras burocráticas hinchadas.
“El altísimo presupuesto del Congreso de Michoacán debe reducirse de inmediato”, enfatizó Bedolla, quien no dudó en calificar como acertada la decisión presidencial de exponer públicamente estos números. La austeridad republicana, recordó el mandatario, es un principio fundamental de la Cuarta Transformación que debe permear todas las instituciones del estado.
Un tope máximo para recuperar recursos del pueblo
La propuesta concreta del gobernador es clara y contundente: establecer un tope máximo para lo que se destine a los congresos locales. Los recursos liberados deberían canalizarse hacia las necesidades más urgentes de la población: infraestructura, servicios públicos y justicia social.
“El presupuesto no es de los políticos, es del pueblo. Y al pueblo hay que devolverle hasta el último peso que le pertenece”, expresó Ramírez Bedolla, resumiendo en una frase la filosofía que sustenta esta batalla contra los privilegios enquistados en las instituciones.
El Plan B va más allá de los congresos
La iniciativa presidencial no se limita a reducir gastos legislativos. Según el gobernador, el Plan B también contempla:
- Ampliar la participación ciudadana en consultas públicas
- Disminuir privilegios municipales mediante la reducción de regidurías innecesarias
- Eliminar nóminas infladas en ayuntamientos que cuentan con un número desproporcionado de funcionarios
“Existen ayuntamientos que cuentan con un alto número de regidores que solo engrosan la nómina y no contribuyen al desarrollo real de la comunidad”, concluyó Bedolla.
