La reciente reforma aprobada en Michoacán, que establece la obligatoriedad de construir cisternas en todas las nuevas viviendas, marca un hito en la lucha por el acceso equitativo al agua potable en la región. Esta iniciativa, impulsada por el vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, responde a una necesidad urgente que afecta a miles de familias, especialmente en un contexto donde la escasez de agua es una realidad palpable.
Un paso hacia la justicia social
La modificación al artículo 351 del Código de Desarrollo Urbano del Estado no es simplemente un cambio legislativo; es un compromiso con la justicia social. Barragán enfatizó que esta medida no surge de un capricho, sino de la realidad que viven muchas comunidades que enfrentan la incertidumbre diaria por la falta de agua potable. “La cisterna no es un lujo. Es una herramienta vital para que las familias puedan almacenar el agua cuando hay servicio y tenerla cuando falla el sistema”, afirmó el legislador[1][4].
Contexto de escasez y sequía
El panorama hídrico en Michoacán es alarmante. En 2024, el 84% del territorio estatal experimentó algún nivel de sequía, y más de 60 municipios se encontraron en situaciones extremas. En la capital, el colapso de la planta potabilizadora de La Mintzita dejó a más de 300,000 personas sin acceso al agua, lo que subraya la urgencia de esta reforma[1][4].
Detalles de la reforma
La reforma establece que para la aprobación de nuevos proyectos de vivienda, es indispensable incluir cisternas que permitan el almacenamiento adecuado de agua potable. Esto no solo garantiza el acceso al agua, sino que también busca reducir las desigualdades en su distribución, un derecho humano fundamental[1][6].
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