El dictamen aprobado en comisión que eleva a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano, saludable y sostenible en Michoacán fue destacado por el diputado Octavio Ocampo Córdova como un avance histórico que coloca a la naturaleza en el centro de las decisiones públicas y obliga a responsabilizar a quienes dañen el entorno natural.
Contexto y alcance de la reforma
- La iniciativa enviada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla propone reconocer constitucionalmente el derecho a un medio ambiente sano y sostenible para la población de Michoacán, en respuesta al deterioro provocado por la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua, la pérdida de biodiversidad y el cambio de uso de suelo.
- El dictamen fue aprobado en comisión y, según lo señalado por el legislador, sería sometido al Pleno de la 76 Legislatura para su votación final.
- La reforma obliga expresamente al Estado, los municipios y los gobiernos comunales a prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ambientales, en concordancia con la Constitución federal y los tratados internacionales.
Puntos clave que transforman la protección ambiental en Michoacán
- Responsabilidad por el daño ambiental: el dictamen señala que “el daño o deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo cause” y reconoce el derecho de cualquier persona a exigir reparación o compensación.
- Obligaciones de los tres órdenes de gobierno: el texto establece obligaciones claras para Estado, municipios y comunidades (prevención, investigación, sanción y reparación).
- Enfoque de justicia ambiental y participación ciudadana: la propuesta busca fortalecer mecanismos para que la ciudadanía pueda exigir la reparación y acceder a la protección del patrimonio natural.
Implicaciones prácticas y desafíos
- Desde lo jurídico, elevar el derecho ambiental a rango constitucional facilita su protección frente a políticas públicas contradictorias y crea bases para acciones legales y administrativas que busquen reparación del daño.
- En lo práctico, Michoacán enfrenta problemas reales —como deforestación e impacto sobre cuerpos de agua— que exigieron esta reforma; sin embargo, la eficacia dependerá de la asignación presupuestal, capacidades institucionales y coordinación entre autoridades estatales y municipales.
- Experiencias recientes en la entidad, como campañas de reforestación o sistemas de vigilancia satelital para detectar cambio de uso de suelo, muestran que las políticas públicas pueden complementarse con esta nueva legislación.
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