Morelia, Michoacán, a 7 de mayo de 2025.- En un esfuerzo por combatir la corrupción y la impunidad que han azotado al estado de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa legislativa que busca imponer la “muerte cívica” a funcionarios públicos y particulares que incurran en faltas administrativas graves. Esta propuesta, que se enmarca dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas, pretende sancionar severamente los actos de corrupción y frenar su incidencia en la entidad.
La corrupción en Michoacán se ha convertido en un problema público prioritario, no solo por su naturaleza inmoral, sino también por sus graves implicaciones políticas, económicas y sociales. Según Reyes Galindo, la corrupción debilita el Estado de derecho, profundiza la pobreza y la desigualdad, e incrementa las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se requiere una acción contundente para abatir la impunidad y restaurar la confianza en las instituciones públicas.
Objetivos de la Iniciativa
La propuesta de “muerte cívica” tiene varios objetivos clave:
- Inhabilitación Definitiva: Busca inhabilitar permanentemente a aquellos funcionarios que incurran en faltas administrativas graves, impidiéndoles participar en el servicio público.
- Combate a la Corrupción: Pretende reducir significativamente los casos de corrupción en Michoacán, que han sido una de las principales preocupaciones sociales.
- Fortalecimiento Institucional: A través de la aplicación de sanciones severas, se busca fortalecer las instituciones públicas y restaurar la confianza ciudadana.
Contexto de la Corrupción en Michoacán
La corrupción en Michoacán no es un problema aislado; se entrelaza con otros desafíos económicos y sociales. Algunos de los factores que contribuyen a su persistencia incluyen:
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