El Congreso de Michoacán marca un hito histórico al aprobar una reforma constitucional que prohíbe al Poder Ejecutivo estatal contratar deuda pública a largo plazo que supere la duración de su administración, blindando las finanzas públicas contra herencias onerosas para generaciones futuras[1][8][10]. Esta medida, avalada por 33 votos a favor, eleva a rango constitucional los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, asegurando que cada gobierno liquide sus compromisos sin hipotecar el mañana[2][7].
Impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla desde diciembre de 2025, la propuesta surgió como respuesta a un endeudamiento desbocado que, entre 1993 y 2024, creció un alarmante 682.18%, mientras el PIB estatal solo avanzó un 98.7%[2][7]. “El futuro de Michoacán no se empeña, se construye”, proclamó Bedolla, recordando que en 2025 se destinaron más de 6,300 millones de pesos a pagar deudas heredadas, recursos que pudieron traducirse en obras palpables como teleféricos o carreteras[2][6][8].
La 76 Legislatura declaró “ha lugar” a la discusión el 4 de febrero[1][5], avanzó en comisiones y culminó con la aprobación el 12 de febrero en Morelia, tras un debate candente que incluyó un voto en contra y reservas para excluir a los ayuntamientos[10]. Como reza el viejo dicho, “a mal tiempo, buena cara”: esta reforma cierra la puerta a la “corrupción silenciosa” del endeudamiento irresponsable[2][6].
La modificación al artículo 44, fracción XII, de la Constitución Política del Estado establece reglas claras:
- Para el Poder Ejecutivo: Prohibición expresa de deudas que excedan el sexenio en curso, forzando planeación presupuestaria eficiente con recursos propios o créditos cortos[8][10].
- Para ayuntamientos: Exentos de la restricción principal, preservando su autonomía financiera, aunque sujetos a los principios generales de responsabilidad y transparencia[2][5][9].
- Beneficios inmediatos: Reduce pagos anuales de deuda de ~6,000 a 3,600 millones de pesos, con tasas de interés bajando del 13% al 7%, liberando fondos para salud, educación y otros rubros[2][6].
