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Propone diputado que sentencias de prescripción positiva no

Alfredo Anaya Orozco propuso en el Congreso del Estado que sentencias de prescripción positiva no habiliten fraccionamientos irregulares sin cumplir trámites de subdivisión o desarrollo urbano.

Diputado Alfredo Anaya Orozco en el Congreso del Estado de Michoacán presentando iniciativa contra uso irregular de
Propone diputado que sentencias de prescripción positiva no

Prescripción positiva fraccionamientos. El diputado del PVEM Alfredo Anaya Orozco presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de Michoacán para que las sentencias de prescripción positiva no sirvan para inscribir fraccionamientos irregulares en catastro y registro. El hecho ocurrió en Morelia, Michoacán, el 29 de octubre de 2026.

Evitar simulación de juicios para saltarse normas urbanas

Anaya señaló que cerca del 90% de las subdivisiones y fraccionamientos se hacen simulando juicios de prescripción, división y partición de la cosa común o informaciones ad perpetuam, con el fin de evadir permisos de desarrollo urbano. Recordó que el Reglamento de la Ley de la Función Registral y Catastral exige autorización y croquis del área de catastro municipal para subdividir, fraccionar o desarrollar conjuntos habitacionales. Además, explicó que cuando esas subdivisiones provienen de sentencias, las autoridades municipales suelen otorgar permisos sin cumplir requisitos ambientales, urbanos, catastrales y registrales, ni entregar las áreas de donación al municipio —como calles, parques o servicios—, afectando el patrimonio municipal. La reforma no busca impedir el derecho a la propiedad, sino evitar que una sentencia judicial se use para eludir normas urbanas y ambientales. La iniciativa establece que toda sentencia de prescripción positiva sobre una fracción de predio debe condicionar su inscripción al cumplimiento previo del trámite de subdivisión o desarrollo urbano, según corresponda. Anaya rechazó argumentos jurídicos que pretenden eximir de esos requisitos, al señalar que las autoridades deben cumplir las disposiciones aplicables. “La propiedad cumple una función social y requiere controles y garantías. La certeza jurídica no puede construirse sobre la evasión de las normas de desarrollo urbano, ambiental y catastral”, concluyó.

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