En un movimiento que busca fortalecer la estabilidad financiera de Michoacán, la diputada Sandra Arreola, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXXVI Legislatura, ha respaldado la iniciativa de reforma constitucional “Antideuda” presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla[1]. Esta propuesta representa un paso decisivo para blindar las finanzas públicas del estado y evitar que las generaciones futuras hereden una carga de obligaciones financieras insostenibles.
La propuesta que cambia el rumbo fiscal de Michoacán
La reforma constitucional en materia de deuda pública plantea establecer límites claros al endeudamiento de largo plazo, prohibiendo que se contraigan obligaciones financieras que rebasen el periodo constitucional de la administración que las autoriza[1]. Esta medida aplica tanto al ámbito estatal como municipal, creando un marco legal robusto que evite prácticas recurrentes de endeudamiento excesivo.
Como señala Arreola, la iniciativa es necesaria y oportuna porque detiene un ciclo perverso: “evita que se sigan heredando deudas que condicionan el presupuesto de las siguientes administraciones y que terminan afectando la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura”[1].
Disciplina financiera y justicia intergeneracional
La propuesta promueve una visión integral de responsabilidad que va más allá de simples restricciones numéricas. Establece que la deuda pública debe ser una herramienta excepcional y no una práctica recurrente que hipoteque el desarrollo estatal[1].
Este enfoque responde a una realidad que ha limitado históricamente la inversión pública en Michoacán. El endeudamiento histórico ha funcionado como una cadena que restringe la capacidad de los gobiernos para invertir en lo verdaderamente importante: el bienestar de la población.
Un análisis riguroso en comisiones
La iniciativa ya ha sido analizada en comisiones legislativas, abriendo la puerta a un debate serio y responsable en el Congreso del Estado[1]. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la propuesta el 28 de enero de 2026, con el respaldo de legisladores como Reyes Galindo Pedraza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo[3].
| Aspecto | Descripción |
|---|---|
| Objetivo principal | Prohibir contratación de deuda pública a largo plazo |
| Alcance | Nivel estatal y municipal |
| Beneficio |
