El Congreso de Michoacán aprobó una reforma constitucional clave para combatir la extorsión en México, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de emitir una Ley General que unifique criterios y sanciones en todo el país. Esta medida busca fortalecer la persecución de este delito, considerado una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, y proteger tanto la libertad como el patrimonio de las personas.
Contexto y alcance de la reforma constitucional
La reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de consolidar una estrategia nacional contra la extorsión. Al homologar las leyes locales, se eliminarán ambigüedades jurídicas que dificultan la atención y persecución efectiva de este delito, facilitando protocolos claros para las autoridades y mecanismos de protección para las víctimas.
Causas que impulsan la extorsión
Entre las causas que impulsan la extorsión en la región, destacan:
- El crimen organizado, que utiliza estos recursos para financiar armas y drogas.
- La tecnología celular, que permite la expansión del delito sin la presencia física del extorsionador.
- La aparición de imitadores criminales que generan nuevos grupos independientes.
Impacto social y económico de la extorsión
La extorsión afecta gravemente a la sociedad, no solo en términos económicos sino también en la generación de miedo y desconfianza, lo que debilita el tejido social y la seguridad pública. Sectores estratégicos como pequeños comerciantes, productores agrícolas y transportistas han sido víctimas constantes, lo que limita la inversión, el empleo y la confianza ciudadana.
Ejemplos concretos
Ejemplos concretos incluyen:
- Productores de aguacate, limón y mango en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco, obligados a pagar cuotas por kilo de producto.
- Ganaderos que deben pagar por cada cabeza de ganado.
