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Reforma Constitucional en Michoacán: Fin al Endeudamiento Irresponsable y Blindaje Financiero para Futuras Generaciones

La reforma constitucional prohíbe la deuda pública de largo plazo en Michoacán.

En un hito para la estabilidad económica de Michoacán, el Congreso local aprobó este 12 de febrero de 2026 la reforma constitucional impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que prohíbe la contratación de deuda pública de largo plazo y marca el fin de la cultura del endeudamiento.[1][3] Esta medida, avalada con 33 votos a favor y solo uno en contra, adiciona dos párrafos al artículo 44 de la Constitución estatal, asegurando que ninguna administración hipoteque el futuro de las próximas generaciones.[1][6]

El gobernador celebró la decisión en Morelia, declarando: “Michoacán no se endeudará más; venimos a dar soluciones y no a dejar deuda”. Con esta reforma, la contratación de deuda por el Poder Ejecutivo se regirá por principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia, limitándola estrictamente a la duración de la administración en curso.[1][3] 🔒 Así, se cierra la puerta a compromisos que trasciendan el sexenio, protegiendo recursos públicos para obras y programas sociales en lugar de pagos a bancos.

Impacto de la Deuda Heredada en Michoacán: Cifras que Alarmaban

Michoacán arrastra un pasivo heredado superior a 23 mil millones de pesos, un lastre que ha frenado el desarrollo estatal.[1][5] En el ejercicio fiscal 2025, el estado destinó más de 6 mil 300 millones de pesos solo al servicio de deudas pasadas, dinero que podría haber impulsado infraestructura, salud o educación.[2][3]

Como bien dice el refrán, “no dejes para mañana lo que puedas pagar hoy”, y esta reforma encarna esa disciplina:

  • 3 mil millones anuales se iban en servicio de deuda, equivalentes a potenciales inversiones en seguridad o medicamentos.[3]
  • Tasa de interés cercana al 10.7% y plazos promedio de 16 años, superando el ciclo gubernamental.[3]
  • Auditoría forense pendiente de aclarar el destino de esos fondos, según legisladores.[3]
Concepto Monto Aproximado Impacto Actual
Pasivo heredado +23 mil millones de pesos Limita obras y programas sociales[1][5]
Pago anual 2025 6,300 millones de pesos Recursos perdidos en intereses[2][3]
Servicio deuda anual 3 mil millones de pesos Podría destinarse a mejoras en infraestructura

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