La reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán marca un paso decisivo en la lucha contra la extorsión en México, al facultar al Congreso de la Unión para crear una Ley General que unifique criterios y sanciones en esta materia. Esta iniciativa, respaldada por la mayoría legislativa y la oposición, busca atacar la raíz de un delito que afecta tanto la libertad como el patrimonio de las personas, y que representa una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Contexto y alcance de la reforma contra la extorsión
La extorsión, que se manifiesta en cuotas fijas, porcentajes o cobros específicos en sectores como la agricultura, ganadería y construcción, ha permeado diversas cadenas productivas en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco, impactando la economía y generando un clima de miedo y desconfianza social. La reforma constitucional modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 para que el Congreso de la Unión pueda expedir leyes generales que establezcan tipos penales, agravantes y sanciones homogéneas en todo el país.
Razones que impulsan la reforma
El dictamen presentado destaca tres factores que alimentan la extorsión en la región centroamericana y México:
- Crimen organizado: Utiliza los recursos obtenidos para adquirir armas y drogas, fortaleciendo su poder.
- Tecnología celular: Facilita la expansión del delito sin necesidad de presencia física del extorsionador.
- Imitadores criminales: Surgen nuevos grupos que replican estas prácticas ilícitas.
Beneficios esperados de la ley general
Con la armonización legal, se espera:
- Eliminar ambigüedades en las leyes locales.
- Facilitar mecanismos claros para la atención de víctimas.
- Establecer protocolos uniformes para la investigación y persecución del delito.
