En un paso decisivo por la armonización financiera en Michoacán, la 76 Legislatura aprobó reformas a los artículos 70 y 71 de la Ley de Hacienda, permitiendo al Gobierno estatal generar ingresos por el uso, arrendamiento o enajenación de bienes públicos. Con 32 votos a favor en sesión ordinaria, esta actualización normativa pasa de “aprovechamientos” a “productos”, ofreciendo certeza jurídica a contribuyentes y fortaleciendo las arcas estatales[1][3].
Como reza el viejo adagio, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, pero aquí los legisladores priorizan la claridad: los productos son contraprestaciones por servicios en derecho privado o por el aprovechamiento de bienes del dominio estatal, asegurando que cada peso recaudado regrese en beneficios ciudadanos[1].
Detalles de la Reforma Aprobada en Congreso de Michoacán
Las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, junto con Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, impulsaron esta modificación para adaptar la ley a cambios contables modernos.
- Objetivo principal: Fortalecer finanzas estatales y cubrir gastos públicos con ingresos propios.
- Cambios clave: Traslado de “aprovechamientos” (capítulo antiguo) a “productos” (nuevo esquema contable).
- Votación: 32 votos a favor, sin oposición reportada[1][3].
- Impacto: Mayor transparencia en recaudación por arrendamiento o venta de bienes estatales, siempre bajo normativa aplicable.
Esta reforma no solo actualiza el marco legal, sino que alinea Michoacán con principios de responsabilidad hacendaria, evitando ambigüedades que podrían desincentivar inversiones[9].
| Aspecto | Antes (Aprovechamientos) | Ahora (Productos) |
|---|---|---|
| Definición | Ingresos por uso general de bienes | Contraprestaciones por servicios privados y bienes dominio privado |
| Ejemplos | Rentas básicas estatales | Arrendamientos, enajenaciones con certeza jurídica |
| Beneficio | Cobertura gastos públicos | Armonización contable y retorno a ciudadanos ✅ |
Contexto de Estabilidad Financiera en Michoacán 2026
Esta aprobación llega en medio de esfuerzos por sostenibilidad fiscal, como la paralela Ley de No Más Deuda a Largo Plazo, exclusiva para el Ejecutivo estatal y que respeta la autonomía de los 113 ayuntamientos. El secretario Raúl Zepeda Villase
