Silvano Aureoles: El Caso de Daño Patrimonial en Michoacán

Investigación y Acusaciones

El 1 de marzo de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación penal contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y cuatro de sus excolaboradores. La investigación se centra en el presunto daño patrimonial causado al estado mexicano y a Michoacán, ascendiendo a más de 3 mil 412 millones de pesos[1][3][5].

Los Acusados

• Carlos Maldonado Mendoza
• Mario Delgado Murillo
• Antonio Bernal
• Elizabeth Villegas Pineda

Estos exfuncionarios se enfrentan a cargos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. La Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción presentó la acusación ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava en el Reclusorio Oriente[1].

El Caso

Durante la administración de Silvano Aureoles, se autorizó la compra de terrenos a una empresa denominada “inmobiliaria DIP” a un sobreprecio. Esta empresa inicialmente rentaba inmuebles para establecer cuarteles de la secretaría de seguridad pública en varios municipios de Michoacán. Posteriormente, se le pagaba por mantenimiento y servicios, lo que generó un daño patrimonial significativo[1][3][5].

Reacciones y Desarrollos

Los cuatro acusados se han acogido a la duplicidad del proceso, lo que podría influir en el desarrollo del juicio. La Fiscalía General de la República ha imputado a Silvano Aureoles y sus colaboradores por el daño patrimonial causado, y el juicio podría resolverse en una semana[4].

Conclusión

El caso de Silvano Aureoles y sus colaboradores es un ejemplo claro de la lucha contra la corrupción en México. La Fiscalía General de la República ha demostrado su compromiso con la justicia y la transparencia, y esperamos que este proceso judicial sea un paso importante hacia la recuperación de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

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