Los teleféricos de Morelia y Uruapan representan un hito sin precedentes en la historia administrativa de Michoacán. Con una inversión de 5 mil 100 millones de pesos provenientes íntegramente del erario estatal, estos dos sistemas de transporte aéreo demuestran que es posible construir infraestructura de gran envergadura sin hipotecar el futuro financiero de la entidad[1].
La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, subrayó que esta realización es prueba contundente de que “en Michoacán no faltaba dinero para generar desarrollo, lo que sobraba era corrupción”[1]. Una frase que encapsula la transformación que ha experimentado la administración estatal en materia de gestión fiscal responsable.
Avances significativos en ambos proyectos
El teleférico de Uruapan marcha con un avance del 95.61 por ciento, mientras que el de Morelia alcanza el 70.23 por ciento[1]. Estas cifras reflejan el ritmo acelerado de ejecución de obras que, lejos de estancarse, avanzan sin retrasos ni contratiempos.
La distribución presupuestaria fue estratégica: 3 mil 200 millones de pesos se destinaron al proyecto de Uruapan, mientras que mil 900 millones de pesos se asignaron al de Morelia[1]. Ambas inversiones provienen de fuentes estatales, sin recurrir a mecanismos de endeudamiento que comprometieran las finanzas públicas.
Un cambio de paradigma en la política fiscal
Lo verdaderamente revolucionario de estos proyectos no es solo su magnitud, sino el contexto en el que se desarrollan. Recientemente, el Congreso de Michoacán aprobó una reforma constitucional que prohíbe a los gobiernos estatales contratar deuda pública de largo plazo que exceda la duración de su administración[6]. Esta iniciativa, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, marca un antes y un después en la responsabilidad hacendaria estatal.
Butanda Macías celebró esta reforma como un mecanismo que impedirá que futuras administraciones repitan los errores del pasado[1]. Durante décadas, Michoacán sufrió bajo el peso de una deuda heredada que alcanzaba los 22 mil millones de pesos, obligando a destinar recursos que debieron invertirse en obra pública y programas sociales hacia el pago de intereses y amortizaciones[6].
Más allá de la infrae
