El Congreso de Michoacán impulsa una transformación histórica en la movilidad pública con la aprobación del dictamen propuesto por el diputado Hugo Rangel, presidente de la Comisión de Movilidad y Comunicaciones. Esta reforma integral busca modernizar el transporte estatal, enfocándose en la electrificación, la justicia tarifaria y la participación social como pilares fundamentales.
Incentivos para el transporte eléctrico: un paso hacia la descarbonización
Uno de los avances más significativos de esta reforma es el estímulo del 100% en los derechos para la concesión de vehículos eléctricos de producción nacional que se integren al servicio público. Esta medida, regulada por el Instituto del Transporte Michoacano, no solo fomenta la inversión local sino que también contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, alineándose con las metas de sostenibilidad ambiental y modernización del parque vehicular.
Revisión técnica y social de tarifas: transparencia y equidad para usuarios y transportistas
La actualización de las tarifas del Sistema Estatal de Transporte se realizará con base en criterios técnicos y con la participación activa de transportistas y sociedad civil. El Instituto del Transporte, con autorización del Ejecutivo estatal, considerará factores como el salario mínimo, el precio del combustible y el Índice Nacional de Precios al Consumidor para definir las tarifas. Además, estas revisiones serán anuales y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, garantizando transparencia y legitimidad.
Participación ciudadana y enfoque social: un cambio de paradigma
Lejos de ser una reforma cosmética, el dictamen establece un modelo de movilidad que responde a las necesidades reales de los usuarios y operadores, promoviendo la inclusión y la justicia social. Hugo Rangel enfatizó que esta reforma marca un rumbo claro hacia la electrificación, la justicia tarifaria y la participación social, elementos esenciales para una transformación profunda y necesaria en Michoacán.
