El diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa legislativa que busca transformar el marco legal de protección a las mujeres en Michoacán[1][3]. La propuesta apunta a un cambio fundamental: modificar el término “violencia” por “violencias” en la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado.
Esta distinción, aunque pudiera parecer semántica, representa un cambio conceptual profundo. Al utilizar el plural, la iniciativa reconoce que las mujeres no enfrentan una única forma de agresión, sino múltiples manifestaciones de violencia que se entrelazan en diferentes contextos de sus vidas[1].
Las violencias que trascienden los muros del hogar
Las agresiones hacia las mujeres no se limitan a un solo espacio. Como señala Gómez Núñez, estas se despliegan en ámbitos que abarcan:
- 👨👩👧👦 Espacios familiares
- 🏘️ Contextos comunitarios
- 🎓 Ambientes escolares
- 💼 Entornos laborales
La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, vigente desde 2013, ya contempla medidas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género[2][8]. Sin embargo, la nueva iniciativa busca ampliar esta visión para capturar la complejidad real de las experiencias de violencia que viven las mujeres michoacanas.
Un compromiso estatal reforzado
La propuesta legislativa no es meramente nominal. Gómez Núñez enfatiza que reforzar las acciones de atención es una obligación del Estado mexicano[1]. Esto implica:
- Facilitar el mismo trato y oportunidades para mujeres y hombres
- Eliminar las barreras estructurales que obstaculizan el ejercicio de derechos
- Fortalecer la actuación de las instituciones públicas
- Consolidar un cambio cultural, institucional y político
Alineación con reformas federales
La iniciativa no surge en el vacío. El legislador subraya que esta propuesta va en concordancia con las modificaciones que a nivel federal se han hecho al texto legislativo en la materia[1]. Esto refleja una tendencia nacional hacia un reconocimiento más integral y multidimensional de las violencias de género.
El marco legal michoacano en contex
