76 Legislatura Michoacán aprueba glosas derechos humanos y justicia Cuarto Informe Gobierno
En un paso firme hacia la transparencia y la rendición de cuentas, la Septuagésima Sexta Legislatura de Michoacán aprobó, durante una sesión extraordinaria el 18 de marzo de 2026, las glosas en materia de derechos humanos y justicia del Cuarto Informe de Gobierno. Este hito legislativo, realizado en Morelia, busca blindar la gobernabilidad estatal mediante exhortos concretos al Poder Ejecutivo para combatir vulnerabilidades crónicas como el reclutamiento forzado y fortalecer la seguridad pública[1][2].
Como reza el viejo adagio, “el que no escarmienta, no madura”, y en Michoacán, donde la violencia ha marcado territorio, estas medidas responden a una urgencia palpable. Las diputadas y diputados avalaron dictámenes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, priorizando acciones contra el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes –un flagelo que, según reportes, ha escalado en regiones como Zamora y Uruapan, entrelazado con trata y crimen organizado–.[3][6][9]
Acciones clave aprobadas en glosas derechos humanos 🛡️
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos insta al gobernador a implementar medidas inmediatas. Aquí los puntos destacados:
- Combatir reclutamiento forzado: Énfasis en proteger a infancias vulnerables, ante datos alarmantes como las 290 niñas desaparecidas hasta mayo de 2025 en el estado[3].
- Fortalecer seguridad pública: Garantizar el derecho a la vida y seguridad personal, en un contexto de pugnas delictivas[1].
- Atención integral a víctimas: Coordinación institucional para apoyo psicológico y educativo[1][7].
- Rendición de cuentas: Sanciones estrictas a servidores públicos por violaciones y políticas para grupos vulnerables, impulsando el Estado de Derecho[1].
| Área de acción | Exhorto principal | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Reclutamiento forzado | Implementar acciones específicas para NNA | Reducir vulnerabilidad en zonas de alto riesgo[3][9] |
| Seguridad pública | Fortalecer garantías de vida y seguridad | Paz social y menor violencia territorial[1] |
| Atención a víctimas | Coordinación interinstitucional | Reintegración efectiva con apoyo integral[7] |
| Rendición de cuentas | Mecanismos de sanción y protección | Mayor confianza en instituciones[1] |
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