En una jornada de trabajo colaborativo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunió con representantes de 40 comunidades indígenas que conforman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) para establecer una mesa de diálogo enfocada en proyectos de infraestructura, salud, seguridad y educación. La sesión, celebrada en Morelia, refleja el compromiso de la administración estatal por atender las demandas históricas de los pueblos originarios michoacanos.
Infraestructura vial: inversión de 14 millones de pesos en rehabilitación carretera
Entre los proyectos prioritarios anunciados destaca el arranque de la rehabilitación de la carretera Turícuaro-Arantepacua, que recibirá una inversión de 14 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (Faeispum) regional.[1] Esta obra representa un avance significativo en la conectividad de las comunidades indígenas de la región.
La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) será responsable de valorar y validar los demás proyectos presentados por las comunidades, asegurando que cumplan con las reglas de operación del Faeispum y puedan ser ingresados a ventanilla en los tiempos establecidos.[1] Este proceso garantiza transparencia y eficiencia en la asignación de recursos públicos.
Salud: atención integral y seguimiento a enfermedades renales
En el rubro de salud pública, el gobernador informó sobre la realización de una reunión coordinada con delegados del IMSS e ISSSTE en Michoacán, con el objetivo de establecer enlaces directos con las comunidades y resolver temas pendientes.[1]
Un aspecto particularmente relevante es el seguimiento especializado a casos de enfermedades renales en la comunidad de San Matías, que será coordinado por el Comité Interinstitucional de Salud Pública y Ambiental.[1] Esta iniciativa responde a la necesidad de abordar problemáticas de salud específicas que afectan a poblaciones vulnerables.
Seguridad: bases operacionales y coordinación interinstitucional
En materia de seguridad pública, la administración estatal contempla la instalación de bases de operaciones interinstitucionales en los municipios de Opopeo y Sevina.[1] Además, se reforzará
