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Derechos humanos en Michoacán: cinco dictámenes para ampliar garantías

La Comisión Legislativa de Derechos Humanos de Michoacán aprobó cinco dictámenes para ampliar garantías.

Derechos humanos en Michoacán: cinco dictámenes para ampliar garantías

La jornada legislativa dejó sobre la mesa una señal clara: el acceso a los derechos no debe estar atrapado en trámites engorrosos. Entre las medidas aprobadas, destaca la eliminación del requisito de ratificación de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), una disposición que busca quitar obstáculos burocráticos y facilitar que más personas puedan denunciar violaciones a sus derechos fundamentales.

La diputada Ruiz González subrayó que esta modificación armoniza la legislación local con tratados internacionales y abre la puerta a que las quejas puedan presentarse por distintas vías:

  • Oral
  • Digital
  • En lenguas indígenas
  • Sin confirmación presencial posterior

Una fórmula que, en palabras sencillas, acerca la justicia a la ciudadanía y evita que los formalismos se conviertan en un muro difícil de saltar.

CEDH Michoacán: fin a la ratificación obligatoria de quejas

Uno de los puntos más relevantes del dictamen aprobado es la eliminación de la ratificación obligatoria. En la práctica, esto significa que una persona podrá presentar su queja sin verse obligada a repetir el trámite de manera presencial, lo que representa un avance significativo en términos de accesibilidad, eficiencia y trato digno.

Este cambio tiene especial importancia en contextos donde el tiempo, la distancia o las condiciones personales dificultan acudir de nuevo a una oficina. Como dice el refrán, “más vale prevenir que lamentar”, y en materia de derechos humanos, también vale decir que más vale facilitar que obstaculizar.

Protección reforzada para niñas, niños y adolescentes

La comisión también aprobó reformas dirigidas a garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan presentar quejas y participar en procesos legales con acompañamiento del Sistema DIF, evitando así escenarios de revictimización.

Además, se contempla la obligatoriedad del Protocolo de Actuación Judicial en casos que involucren a menores de edad, una medida que busca reforzar la protección integral de este sector y asegurar una atención más sensible, especializada y respetuosa de su condición.

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