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Michoacán enfrenta un dilema presupuestario que trasciende los números

Michoacán enfrenta un dilema presupuestario sobre la inversión en seguridad.

Michoacán enfrenta un dilema presupuestario que trasciende los números: la pregunta fundamental es si el estado está dispuesto a invertir lo necesario para recuperar la paz. 🚨 Esta interrogante cobra relevancia tras las declaraciones del diputado local Juan Antonio Magaña de la Mora, quien advierte que los recursos destinados a seguridad y justicia en 2025 han resultado insuficientes frente a la magnitud de los desafíos que enfrenta la entidad.

Inversión Actual: ¿Suficiente o Insuficiente?

Durante el ejercicio fiscal 2025, Michoacán asignó recursos considerables a las instituciones de seguridad y justicia. La Secretaría de Seguridad Pública recibió 6 mil 4 millones de pesos, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) contó con 1 mil 616 millones 830 mil pesos[1]. Sin embargo, estas cifras, aunque representan incrementos respecto a años anteriores, no han generado los resultados esperados en términos de reducción de delitos y recuperación de la tranquilidad social.

El panorama se vuelve más complejo cuando se analiza la evolución presupuestaria. En 2024, la Secretaría de Seguridad Pública disponía de 5 mil 192 millones de pesos, lo que significa un incremento de aproximadamente 812 millones para 2025[3]. A pesar de este aumento del 15.65 por ciento, los indicadores de seguridad en la entidad continúan siendo preocupantes.

El Llamado a Repensar la Estrategia Presupuestaria

Magaña de la Mora plantea una reflexión profunda sobre la naturaleza del gasto público en seguridad. No se trata simplemente de aumentar presupuestos, sino de invertir con inteligencia estratégica. El legislador enfatiza que cada peso destinado a estas áreas debe rendir frutos tangibles para la ciudadanía[1].

La propuesta del diputado se estructura en tres pilares fundamentales:

  • Fortalecimiento institucional: Corporaciones policiales, Fiscalía y sistema de justicia requieren recursos que vayan más allá de la operación cotidiana
  • Capacitación y profesionalización: Personal mejor preparado implica respuestas más efectivas ante la criminalidad
  • Tecnología e innovación: Herramientas modernas para prevención de delitos y atención a víctimas

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