Morelia, Michoacán, a 19 de junio de 2026. La diputada Belinda Iturbide Díaz presentó ante la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa para establecer el Programa Institucional de Bienestar Emocional y Salud Mental para las Personas Trabajadoras al Servicio del Estado.
Durante su intervención, la legisladora señaló que durante muchos años la salud fue entendida predominantemente desde una perspectiva física, sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que el bienestar emocional y la salud mental constituyen elementos inseparables del desarrollo humano, la productividad y la cohesión social.
Iturbide subrayó que actualmente los trastornos relacionados con la ansiedad, la depresión, el estrés crónico y el agotamiento emocional representan uno de los principales desafíos de salud pública a nivel mundial, afectando la calidad de vida de millones de personas y generando consecuencias en el entorno familiar, laboral e institucional. Recordó que después de la pandemia por COVID-19, los desafíos en materia de salud mental adquirieron una nueva dimensión, realidad a la que no son ajenas las personas trabajadoras al servicio del Estado.
La diputada reconoció que esta Soberanía ha demostrado sensibilidad con la salud mental como prioridad pública, impulsando reformas para la detección temprana de trastornos emocionales en entornos escolares y ampliando espacios de atención psicológica en la infraestructura pública. No obstante, advirtió que subsiste una asignatura pendiente: la protección preventiva de la salud mental de quienes laboran en el servicio público.
“Esta iniciativa no propone la creación de estructuras burocráticas adicionales ni implica cargas presupuestales extraordinarias. Busca aprovechar la infraestructura institucional existente para establecer acciones permanentes de prevención, detección temprana, orientación psicológica preventiva, seguimiento institucional y canalización oportuna”, puntualizó.
Belinda Iturbide afirmó que invertir en el bienestar emocional de quienes sirven diariamente a la ciudadanía constituye un acto de justicia social, una medida de eficiencia administrativa y una apuesta por instituciones más humanas y cercanas a las necesidades del pueblo.
