Iniciativa contra el robo a cuentahabientes en Michoacán

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2025 — La inseguridad en torno a las operaciones bancarias ha escalado a niveles alarmantes en Michoacán. Solo en octubre de 2025, la capital del estado registró al menos tres asaltos de alto impacto en una semana, con pérdidas que superan el medio millón de pesos y un modus operandi que deja en evidencia la vulnerabilidad de los cuentahabientes frente a la delincuencia organizada[3]. Ante este panorama, la diputada local Sandra Arreola Ruiz (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal y tipificar de manera expresa y agravada el robo a cuentahabientes, incluyendo sanciones penales para empleados bancarios que colaboren con los delincuentes[1].

## El rostro de la inseguridad financiera en Michoacán

Los casos recientes no son simples anécdotas: son la punta del iceberg de un problema estructural. En Morelia, una persona fue despojada de $550 mil pesos frente a una sucursal bancaria; en la zona de Tres Puentes, otra víctima perdió $300 mil pesos. Ambos hechos ocurrieron a plena luz del día, con violencia y huida en motocicleta, lo que evidencia la audacia y la planeación de los delincuentes[3]. “Estos hechos no son aislados. Existe un patrón delictivo claro donde los cuentahabientes son vigilados y asaltados inmediatamente después de realizar una transacción, lo que sugiere planeación y, en algunos casos, la posible complicidad de empleados de las instituciones financieras”, afirmó la diputada Arreola.

> “Cuando el río suena, agua lleva”, reza el dicho popular. Y en este caso, el sonido es ensordecedor: la ciudadanía exige respuestas contundentes ante la impunidad y la desprotección.

## ¿Qué propone la iniciativa contra el robo a cuentahabientes?

La iniciativa busca adicionar una fracción X al artículo 204 del Código Penal de Michoacán para considerar como robo calificado grave el que se cometa contra una persona que realice operaciones bancarias o financieras, al momento de ingresar o salir de un inmueble o cajero automático[1]. Además, establece que el empleado de la institución financiera que colabore para la realización del delito será sujeto a las reglas de responsabilidad penal correspondientes, con penas de hasta 10 años de prisión[1].

Principales puntos de la reforma:

– Tipificación expresa: El robo a cuentahabiente se convierte en un delito específico y agravado.

– Responsabilidad penal para empleados: Quienes filtren información o colaboren con los delincuentes enfrentarán sanciones penales.

– Homologación legislativa: La propuesta se alinea con reforma