El Congreso del Estado de Michoacán ha aprobado una iniciativa legislativa que marca un hito importante en la protección de derechos familiares. La medida, presentada por el diputado Juan Pablo Celis del Grupo Parlamentario de Morena, establece la Indemnización Patrimonial por Viudez, una figura legal que reconoce el valor económico y social del trabajo doméstico realizado dentro del hogar.
Protección económica para quienes sostienen el hogar
La reforma garantiza que cónyuges y concubinos sobrevivientes que hayan dedicado su vida a las labores del hogar tendrán derecho a recibir hasta el 50% del patrimonio de familia y del haber hereditario. Esta disposición representa un cambio significativo en la legislación local, pues amplía la protección económica más allá de los casos de divorcio, extendiéndola también a situaciones de viudez.
Anteriormente, la ley michoacana solo contemplaba compensaciones por cuidados en casos de separación bajo régimen de separación de bienes, dejando desprotegidos a miles de viudas y viudos que pasaron años dedicados al cuidado del hogar y sus familias.
Corrigiendo una injusticia histórica
“El trabajo en casa sí vale, sostiene familias y merece ser protegido. Esta reforma es un principio elemental de justicia económica y dignidad para quienes cuidaron toda una vida”, señaló Celis. El legislador enfatizó que esta medida busca corregir una injusticia histórica, ya que las tareas domésticas y el cuidado de personas dependientes han sido tradicionalmente invisibilizadas en el sistema legal.
Durante décadas, el trabajo realizado dentro del hogar no ha recibido reconocimiento patrimonial, a pesar de ser fundamental para el sostenimiento y bienestar de las familias. Esta reforma cambia esa realidad al otorgar valor económico y legal a estas labores.
Michoacán a la vanguardia nacional
Con esta aprobación, Michoacán se posiciona a la vanguardia nacional en materia de derechos familiares. La iniciativa se alinea con los principios del humanismo mexicano impulsado por la Cuarta Transformación, que busca poner a las personas en el centro de las políticas públicas y construir marcos legales más sensibles a las realidades familiares.
