Un enfoque coordinado contra la mortalidad infantil
La iniciativa de reforma a cinco leyes estatales reconoce una realidad fundamental: la pérdida de vidas en la población infantil y adolescente no responde únicamente a causas médicas, sino a una compleja interacción de factores biológicos, sociales y estructurales. Como señaló la legisladora, “la protección de la vida de niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad del Estado en su conjunto”.
El proyecto modifica la Ley de Salud, Ley de Educación, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley Orgánica de la Fiscalía y DIF Estatal, estableciendo una coordinación obligatoria entre Salud, Educación, DIF, Fiscalía, Seguridad Pública y ayuntamientos. Esta estructura busca romper con el aislamiento institucional que ha caracterizado las respuestas anteriores.
Acciones diferenciadas por etapa de desarrollo
El modelo propuesto implementa estrategias específicas según la edad de los menores:
- Primera infancia: fortalecimiento del control prenatal y atención neonatal
- Niñez: priorización de la detección temprana de cáncer infantil
- Adolescencia: atención a salud mental, suicidio, violencia y accidentes viales
Cada dependencia contará con funciones claramente definidas, indicadores de cumplimiento y mecanismos de evaluación periódica, eliminando la ambigüedad que frecuentemente paraliza las acciones institucionales.
Protocolos de detección y respuesta inmediata
La iniciativa obliga a implementar protocolos de detección y canalización inmediata ante situaciones de riesgo como violencia, abuso, embarazo en niñas, conductas autolesivas y consumo de sustancias. Complementariamente, se creará un Sistema Estatal de Información para dar seguimiento nominal a los casos, garantizando que ningún menor se pierda en los laberintos burocráticos.
La ley como garantía, no como voluntad
Un aspecto crucial de esta reforma es su énfasis en la obligatoriedad. Como subrayó Iturbide Díaz: “La coordin
