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Michoacán avanza hacia la plena titularidad jurídica de las personas con discapacidad

La diputada Vanessa Caratachea presentó una iniciativa para reformar el artículo 22 del Código Civil.

En un paso decisivo para la inclusión y el respeto a los derechos humanos, la diputada panista Vanessa Caratachea presentó una iniciativa para reformar el artículo 22 del Código Civil de Michoacán, con el fin de reconocer que ninguna persona pueda ser privada de su capacidad jurídica por motivo de discapacidad. Esta propuesta busca eliminar la visión tutelar y excluyente que aún persiste en la legislación local, alineándola con los tratados internacionales y la normativa federal vigente[2][10].

Un cambio de paradigma en derechos civiles

Caratachea enfatizó que la capacidad jurídica es la base para el ejercicio real y efectivo de todos los derechos humanos. Negarla, dijo, equivale a negar la vida civil de una persona. La legislación actual en Michoacán mantiene una mirada que reduce a las personas con discapacidad a sujetos de protección, sin permitirles decidir sobre su patrimonio ni su propia vida, una práctica que la diputada calificó como obsoleta y excluyente, incompatible con el Michoacán del siglo XXI[2].

La reforma propuesta no implica dejar desamparadas a estas personas, sino introducir un sistema de apoyos y salvaguardas judiciales que acompañen a quienes lo requieran, respetando siempre su voluntad y autonomía. Esto representa un avance significativo hacia la autonomía personal y la dignidad de las personas con discapacidad[2].

Obligación legal y compromiso social

Este cambio legislativo responde también a una obligación legal derivada del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en 2023, que exige a los congresos locales adecuar sus normativas antes de 2027 para garantizar la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad[2].

Además, la iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de políticas públicas en Michoacán para la inclusión social, donde se promueven servicios integrales, atención especializada y programas de apoyo para personas con discapacidad, como los impulsados por el Consejo Michoacano para la Inclusión[4][5].

Beneficios y retos de la reforma

Aspectos clave Detalles
Reconocimiento legal Ninguna persona podrá ser privada de su capacidad jurídica por discapacidad.
Sistema de apoyos Salvaguardas judiciales que respetan la voluntad y autonomía de la persona.
Cambio de paradigma De sujetos de protección a titulares plenos de derechos civiles.
Obligación normativa Adecuación al Código Nacional antes de 2027.
Impacto social esperado Mayor inclusión, autonomía y dignidad para las personas con discapacidad.

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