Octavio Ocampo impulsa protección legal para maestras y maestros en Michoacán

En un contexto donde la inseguridad y la falta de recursos afectan el ejercicio docente en Michoacán, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa legislativa para blindar legalmente a las y los maestros que actúan en emergencias escolares. Su propuesta busca evitar que el personal docente sea criminalizado por auxiliar en situaciones fuera de su control, estableciendo reformas al Código Penal y a la Ley de Educación del Estado para crear un Protocolo Estatal de Protección al Personal Docente.

¿Qué propone la iniciativa?

– Reforma al Código Penal: Se plantea que no se considere delito de omisión de auxilio la actuación de docentes que sigan los protocolos escolares oficiales, siempre que actúen de buena fe y sin dolo ni negligencia grave.

– Creación de un Protocolo Estatal: Este incluiría medidas preventivas, rutas de atención inmediata, acompañamiento psicológico, asistencia legal y mecanismos de resguardo o reubicación temporal para el personal docente.

Contexto y justificación

Octavio Ocampo recordó que en Michoacán, la labor docente se desarrolla en un entorno de alta vulnerabilidad debido a la inseguridad, la carencia de personal médico en las escuelas y la falta de capacitación para emergencias. Además, destacó que recibió solicitudes del magisterio a través de la Sección XVIII del SNTE-CNTE para legislar en favor de la protección del profesorado y evitar su criminalización injusta.

El diputado enfatizó que “la educación no puede avanzar si el Estado no garantiza condiciones dignas, seguras y justas para quienes enseñan” y calificó esta iniciativa como un acto de justicia para el magisterio michoacano, que sostiene comunidades enteras frente a la violencia[8][1].

Importancia de la educación en Michoacán

Más allá de esta propuesta, Ocampo ha subrayado en múltiples ocasiones que la educación es la base para la paz y el desarrollo social en Michoacán. En un estado marcado por la desigualdad y la violencia estructural, las escuelas deben ser espacios donde se fomente la dignidad humana y la convivencia pacífica, no solo la transmisión de conocimientos académicos[1][3][5].

Beneficios esperados

– Protección legal para docentes que actúan en emergencias escolares.

– Apoyo integral al personal docente en situaciones de riesgo.

– Fortalecimiento del sistema educativo como pilar para la reconstrucción social y la pacificación del estado.

– Reducción de la criminalización injusta hacia el magisterio.

Datos relevantes

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