En Michoacán, un avance legislativo significativo busca proteger a la niñez que queda en orfandad tras un feminicidio, mediante la propuesta de retiro automático de la patria potestad a los agresores. Las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que plantea la pérdida inmediata de la patria potestad para quien sea vinculado a proceso o sentenciado por feminicidio, siempre que tenga hijos con la víctima.
Propuesta legislativa para proteger a la niñez tras feminicidio
La iniciativa propone reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán, con el fin de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos e hijas de mujeres víctimas queden bajo la tutela de sus agresores. En palabras de la diputada Eréndira Isauro Hernández, esta reforma busca “reconocer la trascendencia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos donde han perdido a su madre en actos de violencia feminicida”[1].
Entre las modificaciones más relevantes destacan:
- Reforma al artículo 425 bis del Código Familiar: establece que se perderá la patria potestad si quien la ejerce es condenado por feminicidio, y se suspenderá si existe un auto de vinculación a proceso por este delito, en perjuicio de la madre de los hijos menores de edad.
- Reforma al artículo 120 del Código Penal: instituye que en casos donde el agresor tenga descendencia con la víctima y los hijos sean menores, se le condenará con la pérdida de la patria potestad para salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia.
Inspiración en la “Ley Monzón” y contexto nacional
La iniciativa está inspirada en la llamad
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