El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó una iniciativa de reforma constitucional que prohíbe a los gobiernos estatales contratar deuda pública que trascienda el periodo constitucional de la administración que la contrae, con el objetivo de impedir que las nuevas administraciones hereden pasivos de largo plazo y garantizar finanzas públicas sanas en Michoacán.
Contexto y razones de la propuesta
- La iniciativa fue firmada por el gobernador y turnada a la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres, para su discusión legislativa.
- Bedolla afirmó que en los últimos 25 años la deuda pública estatal creció de forma desproporcionada (un 640% según su mensaje), y calificó ese crecimiento como “una forma silenciosa de corrupción” que compromete el futuro de los michoacanos.
- El gobernador defendió su gestión señalando que su administración ha realizado más de 40 mil millones de pesos en obras sin recurrir a deuda pública, como ejemplo de que es posible invertir sin hipotecar el porvenir.
Qué propone la reforma (puntos claves)
- Prohibir la contratación de deuda pública que exceda el periodo constitucional del gobierno que la contrata, de modo que ninguna administración pueda comprometer presupuestos futuros con pasivos de largo plazo.
- Mantener la posibilidad de financiamiento dentro del ejercicio de la administración, pero restringir plazos que traspasen la duración del mandato, buscando responsabilidad fiscal y protección de generaciones futuras.
- Enfatizar que legislar sobre deuda es también legislar sobre derechos y dignidad, según palabras de la presidenta de la Mesa Directiva.
Reacciones institucionales y sociales
- Giulianna Bugarini Torres se comprometió a que el Congreso debatirá la iniciativa “con altura política, profundidad jurídica y conciencia social” y destacó que la reforma implica romper inercias y priorizar el interés público.
- El economista Heliodoro Gil Corona, de la Universidad Michoacana, dio respaldo técnico a la iniciativa y resaltó sus implicaciones favorables para las finanzas públicas y el bienestar de la población.
- Diversos actores locales —cámaras, autoridades estatales y municipales— acompañaron la presentación, lo que sugiere apoyo público y corporativo en el acto protocolario.
Datos y dimensión nacional del problema
La deuda de las entidades federativas al tercer trimestre de 2025 se ubicó en 690 mil millones de pesos, cifra que, según la presentación, es 47 veces mayor a la registrada en 2010 (aprox. 15 mil millones) y donde diez entidades concentran la mayor parte del pasivo.
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