Un llamado urgente a legislar por la neurodiversidad y la justicia social
Con datos alarmantes que indican que una de cada 31 personas en Michoacán vive con alguna condición dentro del espectro autista —aproximadamente 130 mil habitantes—, la iniciativa responde a la necesidad de erradicar la discriminación, exclusión educativa, laboral y social que enfrentan cotidianamente estas personas[2][4]. La especialista y madre de un niño autista, Andrea Guadalupe Ochoa, destacó que la falta de diagnóstico temprano, la escasez de servicios especializados y la carga económica que recae en las familias son obstáculos que esta ley pretende superar[1][4].
Ejes fundamentales de la propuesta legislativa
La iniciativa se estructura en cinco pilares que buscan un cambio profundo y sostenible:
- Gobernanza inclusiva: Creación de una Comisión Intersecretarial integrada por dependencias estatales, academia, sociedad civil y personas autistas con voz y voto, para diseñar políticas públicas basadas en experiencia y evidencia.
- Financiamiento garantizado: Establecimiento de un Fondo Especial con recursos etiquetados en el presupuesto estatal para terapias, capacitación, centros de atención y programas de inclusión educativa y laboral.
- Registro Estatal: Implementación d
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